Honduras: quien intentó vulnerar la Constitución fue el depuesto presidente Zelaya

F. VILLEDA

TEGUCIGALPA.- “Honduras se destaca solamente en cosas malas…” es una de las frases más comunes que la población hondureña dice en alusión a la imagen que el país, lastimosamente, sigue teniendo en el exterior deteriorada enormemente por los altos índices de corrupción, violencia y pobreza. El 28 de mayo de este año los periódicos del mundo anunciaban un terremoto de magnitud 7.3 en la escala Richter, cuyo epicentro fue ubicado a 130 km al norte-noreste de La Ceiba y provocó graves daños en diferentes partes del país. El mundo no podía imaginar que exactamente un mes después Honduras se destacaría en los titulares de la prensa internacional por un terremoto social y político, de magnitud hasta ahora incalculable, provocado por un hombre cuyo pensamiento consistía en estar por encima de la Constitución y las leyes, un terremoto tildado como “golpe de Estado”.

Los hondureños, que casi en su mayoría seguían con lupa los acontecimientos que se habían venido desencadenando desde la última visita del Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, pudieron percatarse gracias a dicha visita que el gobierno era de izquierdas y no de derechas, como se había creído inicialmente, pues es importante señalar que cuando Zelaya fue elegido, los hondureños creían que su Presidente era de derechas. Ahora bien, la incorporación al programa Petrocaribe y la adhesión al tratado del ALBA provocó que el gobierno no pudiera seguir ocultando sus intenciones.

Y cómo no, Zelaya teniendo a Chávez como maestro y mecenas, soñó con ser reelegido, cosa prohibida por la Constitución hondureña, que ha dado al país 28 años de democracia. Y es que uno creía que la democracia conlleva la igualdad entre los diversos poderes del Estado, sin que ninguna pueda prevalecer sobre los demás. Pero en Honduras, evidentemente éste no era el concepto con el que operaba el ejecutivo. El Presidente confió en el popular dicho “el alumno siempre supera al maestro”, y Zelaya anunció a los hondureños su intención de realizar una encuesta “parecida a las de la empresa consultora Cid Gallup” para que el 29 de noviembre, día en que se celebrarán las elecciones generales, se instalara una cuarta urna para de nuevo consultarle al electorado si estaba de acuerdo en que se convocara a una Asamblea Nacional Constituyente y poder así “dar al país una democracia más participativa”.

Esta iniciativa no recibió el apoyo de ninguno de los poderes del Estado, en especial cuando la Corte Suprema de Justicia calificó la encuesta como ilegal. El país comenzó a vivir una crisis política que, como veremos, no tenia salida si no era aplicando la sucesión constitucional. La Constitución de la República de Honduras establece en su artículo 374 que no pueden ser reformados, en ningún caso, los artículos constitucionales que se refieren a la forma de gobierno, al territorio nacional, al periodo presidencial y a la prohibición para ser nuevamente Presidente de la República. Estas prohibiciones se resumen en 7 artículos, de los 375 que tiene la Constitución, de forma que, al convocar la encuesta, Zelaya estaba actuando inconstitucionalmente.

Comienza la crisis

Comenzó con el Decreto Ejecutivo mediante el cual se planteaba la consulta ciudadana: «Se le preguntará al pueblo: “¿Está usted de acuerdo que en las elecciones generales de noviembre del 2009 se instale una cuarta urna, para decidir sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que emita una nueva Constitución de la República, si o no?”». Pero esta crisis empeora cuando el Presidente pide a las Fuerzas Armadas que realicen toda la logística para apoyar la denominada “encuesta de opinión” y el general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto, se niega a obedecer las órdenes de su Comandante en Jefe y prefiere obedecer lo que manda la Constitución de la República, siendo entonces separado de su cargo y luego ratificado en el mismo por la Corte Suprema de Justicia. El viernes el órgano judicial emite una orden de captura contra el Presidente Manuel Zelaya Rosales, por suponérsele culpable de los delitos de: actuar contra la forma de gobierno, traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones. La decisión de las fuerzas armadas de cumplir esta orden hasta el día domingo fue salomónica, para evitar así una posible confrontación entre los que estaban a favor y los que estaban en contra, y es por esta misma razón por lo que las Fuerzas Armadas decidieron sacarlo del país.

Cuando uno ve las primeras reacciones de la comunidad internacional puede lograr comprenderlas. Sin embargo, cuando la situación se aclara en el país es sorprendente ver cómo la comunidad internacional condena de inmediato un supuesto golpe de Estado escuchando únicamente a una de las partes implicadas y se apresura a tomar medidas y sancionar a los hondureños, que no al gobierno “de facto”. Y ni hablar de la OEA, organización que a todas luces va de mal en peor. Paradójicamente, en la ciudad hondureña de San Pedro Sula se celebro su XXXIX Asamblea General, en la cual se incluyó a Cuba, un país donde la democracia y los derechos humanos no han sido respetados, mientras que ahora este mismo organismo excluye a un pueblo que le dijo sí a la democracia.

La verdad es que en Honduras no ha habido ningún golpe de Estado. El ex presidente Zelaya renunció antes de salir del país y el Congreso Nacional, en pleno uso de sus facultades, realizó la sucesión presidencial contemplada por la Constitución.

La comunidad internacional ha querido quitarle a Honduras la oportunidad de aparecer ante la prensa mundial como un pueblo valiente que optó por un régimen democrático frente a uno autocrático de izquierdas. Honduras ha roto con un viejo paradigma en Latinoamérica, ya que depuso a un Presidente constitucional y democráticamente elegido, y ello con el fin de restaurar el Estado de derecho y no para romperlo, como era característico de los golpes militares en tiempos pasados.


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