Querella contra los magistrados favorables a la ETA

Seis asociaciones cívicas —tantas, pues, como magistrados querellados— han presentado ante el Tribunal Supremo una querella criminal por el delito de prevaricación (dictar sentencia a sabiendas de su injusticia) contra los seis magistrados del Tribunal Constitucional que anularon la sentencia del Supremo que prohibía a la ETA presentarse a las elecciones bajos la cobertura de las siglas denominadas BILDU.

Dicha querella, elaborada por el abogado Joaquín Ruiz de Infante, ha sido presentada, en ejercicio de la acción popular, por las siguientes asociaciones: Asociación Libertad e Identidad, Sindicato Manos Limpias, , Hazte Oír, Fundación Denaes (para la Defensa de la Nación Española), Voces contra el Terrorismo y Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro.

El portavoz de la Fundación Denaes, Santiago Abascal, comentó a las puertas del Supremo que este jueves, al que se refirió como “26-M”, acuden en representación “del sentir y de la indignación de millones de españoles”. Añadió que su participación en la querella responde al cumplimiento “de un deber cívico y a un deber patriótico”.

Como complemento informativo, ofrecemos a nuestros lectores, en este enlace, el texto íntegro de la referida querella.

Una de las cosas más interesantes, a la par que divertidas, de la misma es el hecho de que exigir a dichos magistrados, además de sus responsabilidades penales, que indemnicen las sumas que, como consecuencia de su sentencia, el Estado deberá abonar a la franquicia política de la ETA.

Dice así el texto en cuestión:

“Junto a la responsabilidad criminal de los magistrados presuntamente prevaricadores que dictaron la sentencia contrariando falazmente el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia del alto Tribunal al que tenemos el honor de dirigirnos, se anuda [es decir, se suma] la responsabilidad civil derivada de la conducta prevaricante, consistente en los importes económicos que con cargo al Erario público –al bolsillo de todos los contribuyentes españoles- van a destinarse para financiar las conductas de los integrantes de la formación BILDU, que han salido electos en las pasadas elecciones del 22 de mayo, que este alto Tribunal considera en connivencia con la banda terrorista ETA y su entorno. De dicha responsabilidad civil son responsables directos los magistrados querellados, y subsidiariamente la Administración General del Estado.”