Recientemente dijo el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo que la justicia española sólo estaba preparada para perseguir a los roba gallinas, dando a entender que faltan medios para la instrucción de los procesos más complejos, que normalmente suelen ser los económicos: grandes fraudes, estafas piramidales, quiebra de bancos o cajas de ahorros, concursos de acreedores altamente sospechosos, etc. Y es verdad.
Como también es cierto que la vetusta Ley de Enjuiciamiento Criminal es un trapo lleno de zurcidos, de gran utilidad y calidad técnica hace más de cien años, pero que escasamente se adapta a la situación actual, pues se basa en el modelo del sumario, el auto de procesamiento, etc., cuando hoy en día la práctica totalidad de los asuntos son procedimientos abreviados; cuando no hay auto de procesamiento, sino una simple imputación que posteriormente se transforma en acusación; cuando el ministerio fiscal o las acusaciones, particular o popular, presentan su escrito de calificación de los hechos, etc.
Pero no existe una figura intermedia entre la imputación y sentarse en el banquillo, que podríamos llamar “indagado”, “investigado”, o como queramos decir. Todo ello plantea el problema de en qué momento los cargos públicos deben dejar de serlo. La propia Ley podría decirlo con toda claridad, pero no debería ser, desde luego, por ser alguien un simple imputado, salvo que queramos que la política instrumentalice a la justicia, como por otra parte ya estamos viendo estos días en algunos casos.
¿Y qué pasa con la fiscalía? Pues lo mismo. En consonancia con lo anterior, la situación de los juzgados, la ley de enjuiciamiento criminal, etc., tenemos una fiscalía muy preparada para perseguir a los roba gallinas, en un sentido amplio: hurtos, robos de pequeña cuantía, traficantes de drogas al por menor, alcoholemias, etc. Pero cuándo llegamos a las prevaricaciones administrativas –y judiciales, por que no decirlo-, a los delitos contra la hacienda pública, y, sobre todo, a los delitos económicos, la fiscalía no dispone de personas preparadas, o las que hay son claramente insuficientes. Y, sobre todo, carece de auditores de cuentas y economistas, que ayuden a desbrozar el asunto…
He sido fiscal sustituto durante una década de mi vida, y algo se de lo que hablo. Hay una “natural” tendencia en la fiscalía a no preocuparse u ocuparse de los asuntos dónde haya cuentas por medio. Yo mismo soy incapaz de entender un balance, y eso que he sido gerente de empresas.
Las personas procedentes del mundo de las letras, y Derecho es una carrera de letras, obviamente, no somos expertos ni amigos de las matemáticas, las cuentas, o el derecho administrativo (en general, y salvo excepciones). Recuerdo que en algunas querellas que he llevado por presuntas prevaricaciones, la mayoría de los intervinientes, además de no entender el fondo del asunto, siempre alegaban que era un asunto “administrativo”, como si la prevaricación no fuera un delito de índole administrativa… o judicial.
Lo mismo sucedía, y sigue ocurriendo, con los delitos económicos. Se presentan ingentes cantidades de documentos, balances, cuentas de resultados, etc., que no hay Dios que entienda. Hace falta un cuerpo técnico de economistas, auditores de cuentas, etc., igual que existen los forenses, por ejemplo, que ayude a desgranar todos esos datos, y ver por dónde se ha escapado el dinero presuntamente sustraído. La tendencia natural es a decretar el sobreseimiento provisional del asunto, para evitarse todo el lío de leerlo, estudiarlo, entenderlo, etc., lo que normalmente excede, además, de la capacidad media de un hombre de letras, de un jurista.
Pero no hay que preocuparse. Hemos creado unas gerencias territoriales del Ministerio de Justicia, con un montón de funcionarios, que no tienen gran cosa que hacer, pero que suponen un considerable aumento del gasto público. O unas plazas de jefes de las unidades de apoyo a los fiscales superiores, nada menos que 17, espléndidamente pagados, y que se encargan de comprar los bolígrafos, móviles de servicio de los fiscales, libros con la legislación actual…, y poco más.
Eso sí, les hemos dotado de despachos en los palacios de justicia, con secretarias, y toman café todos los días con los jefes, leen los periódicos y hacen crucigramas (no es obligatorio, sólo al que le guste). ¿Qué más queremos? Tenemos unidades de apoyo, sólo que no apoyan en nada, ni prestan ningún servicio de interés, pues carecen de lo que realmente hace falta, y que he expuesto con anterioridad.
Resumiendo y concretando: la fiscalía está mal, pero va a peor. Y lo mismo podemos decir de la administración de justicia, en general. Hay una excesiva politización, de arriba abajo, una cantidad excesiva de jefes, que como no hacen nada, pretenden “justificar” su labor pasándose el día pidiendo que rellenes interminables estadillos, partes de trabajo, visando y revisando todo lo que hacen los currantes, etc., mientras se dan la vida padre.
Obviamente, con artículos como este, no creo que gane muchos amigos, ni me van a hacer “fiscal honorario”, pero la verdad es la verdad, y sólo la verdad nos hará libres.
