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Se lo tiene merecido, por enredar en las tumbas

La Ley de Memoria Histórica, a punto de naufragar



Después de haber abierto las tumbas y arrojar sobre la sociedad española los fantasmas de la guerra civil, Zapatero se enfrenta al más que previsible fracaso de su Ley de Memoria Histórica por falta de apoyos. Los escollos con los que se está encontrando esta Ley son dos. Primero, la exigencia comunista de que se anulen todos los juicios del franquismo. Después, la exigencia del nacionalismo catalán (el de CiU, no el otro) de que se condene la persecución del Frente Popular a los católicos. El Gobierno necesita satisfacer a esos dos grupos para obtener una mayoría suficiente. Pero si se satisface a CiU, habrá que culpar a los comunistas, y si se satisface a Izquierda Unida, habrá que avalar la persecución religiosa. Bien empleado le está al Gobierno.
elmanifiesto.com

26 de septiembre de 2007
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Elmanifiesto.com
 
La Ley de Memoria Histórica ha sido una iniciativa de carácter ideológico y sectario. No tiene nada que ver con una “reparación” de los sufrimientos de los vencidos en la guerra civil, pues esta reparación ya había sido efectuada –y varias veces- desde 1977 hasta fechas aún recientes, en nombre de la reconciliación. Al contrario, la iniciativa gubernamental pretendía ir más allá y dictaminar por ley una victoria moral, la del bando republicano, sobre el bando que realmente triunfó en la guerra.
 
Este peligroso juego de historia retroactiva ha reabierto en la sociedad española heridas que todos creíamos cerradas. Significativamente, la iniciativa ha venido de partidos que ya existían en 1936: el Partido Socialista, el Partido Comunista y Esquerra Republicana de Cataluña. También significativamente, al calor de esta ley se planteaba un nuevo movimiento de “devolución” del patrimonio incautado a esos partidos –y al sindicato UGT- tras la guerra, sin preguntarse, por cierto, de dónde venía a su vez ese patrimonio.
 
Memoria imposible
 
La Ley habría podido imponerse por la mayoría compuesta del Gobierno y sus aliados comunistas y secesionistas, de no ser por un par de escollos realmente graves. El primero de esos escollos lo han planteado los comunistas (hoy, el grupo Izquierda Unida) con una reivindicación maximalista: anular los juicios del franquismo. Ahora bien, esos juicios no merecen en todos los casos la misma consideración. Es verdad que hubo millares de ciudadanos fusilados sin otra culpa que su adscripción política, en aplicación de una brutal lógica de guerra que difícilmente es compatible con una idea de justicia objetiva. Entre esas víctimas de la injusticia hay casos tan notables como el ministro anarquista Peiró, fusilado pese a los numerosos testimonios en su favor. Pero también hubo millares de ejecutados que realmente eran criminales de guerra con centenares de asesinatos a sus espaldas: los nombres de los chequistas son bien conocidos, y también sus crímenes.
 
En su día, con Zapatero recién instalado en el poder, el propio PSOE pidió una revisión de los juicios sumarísimos de posguerra. Pero el Ministerio de Defensa, según han informado a Elmanifiesto.com fuentes fiables de ese departamento, desaconsejó la operación por una razón de peso: si se revisaban todos los juicios, sin duda quedaría limpia la memoria de ciudadanos asesinados injustamente, pero al mismo tiempo habría que volver a sacar a la luz los crímenes de otros ajusticiados, con el consiguiente daño moral a los familiares y descendientes de los criminales, que no tenían por qué cargar con las culpas de sus abuelos. Por eso la revisión de los juicios fue dejada de lado y, en su lugar, se ha optado por solicitar una anulación genérica, petición que ha abanderado el Partido Comunista.
 
Ahora bien, ese es precisamente el segundo escollo. Si se anulan los juicios, habrá que concluir que el Estado exculpa hoy a los responsables de millares de muertes (unas 60.000 víctimas del Terror rojo, según cálculos fiables) y, entre ellas, a los asesinos de cerca de 7.000 religiosos. Pero esas víctimas también tienen nietos y algunos de ellos son socios parlamentarios del Gobierno: los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió, partido de cuño parcialmente democristiano. CiU pidió que la Ley de Memoria Histórica incluyera una condena expresa de la persecución religiosa entre 1936 y 1939, que es un hecho incontrovertible. Pero si se condena eso, habrá que condenar también a sus inductores y ejecutores, es decir, al Gobierno del Frente Popular, al Partido Socialista, al Partido Comunista y al sindicato anarquista CNT.
 
Como no es posible satisfacer las dos exigencias a la vez, el Gobierno Zapatero se encuentra ahora incapacitado para obtener una “ley de consenso”. El PP ya ha dicho que se opondrá a esta Ley. Si no se condena la persecución religiosa, también CiU se opondrá, y será inevitable que los nacionalistas vacos sigan el mismo camino. Pero en el hipotético e improbable caso de que se condenara (y, por tanto, el PSOE hiciera autocrítica por primera vez en su historia), entonces perderá el apoyo de los herederos de los perseguidores. En bonito jardín se ha metido el Gobierno; un jardín fúnebre.

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