Una sociedad que mata a sus hijos no merece sobrevivir

La sociedad española ha quedado conmocionada por el hallazgo de trituradoras de bebés en la clínica abortista intervenida en Barcelona. Como se recordara, esa clínica fue denunciada en la televisión danesa por practicar abortos sobre fetos con hasta ocho meses de gestación. Era algo que los grupos provida en España habían denunciado ya, pero que seguía ocurriendo con la complicidad de los poderes públicos y de las propias organizaciones médicas corporativas. Ha hecho falta ese programa de la televisión danesa para que la denuncia se sustanciara en sede judicial. El resultado ha sido este: los españoles han descubierto el horror que, hasta ahora, ellos mismos habían tolerado con su indiferencia.

La ley española del aborto no es una ley que proteja el aborto, sino que lo penaliza. El aborto está prohibido con tres excepciones que son los casos de malformaciones del feto, violación y riesgo para la vida de la madre. Son tres excepciones discutibles, pero, en cualquier caso, razonables desde el punto de vista ético, porque en todos esos casos se plantea un conflicto dramático. Ahora bien, el último supuesto, el del riesgo para la madre, se ha extendido de manera fraudulenta a cualquier tipo de posible alteración física o psíquica, lo cual ha llevado a tolerar el aborto a poco que un psicólogo certifique que la madre puede traumatizarse. Es un criterio tan lábil que el resultado ha sido, en la práctica, una despenalización de hecho del aborto, que se ha convertido en un método contraceptivo como cualquier otro. La situación se ha hecho tan incontrolable que los propios defensores del aborto legal han puesto el grito en el cielo.

El aborto es un mal moral y es un mal social. Salvo en casos muy extremos –los de la mencionada excepción legal-, el aborto perjudica en primer lugar al feto que muere, en segundo lugar a la mujer que lo sufre (una realidad que sistemáticamente se oculta) y en tercer lugar a la sociedad que lo ampara. Lo adecuado sería, como han pedido en España los grupos provida, redefinir el marco legal para que se circunscribiera a lo que efectivamente el legislador pretendía, acabando con el actual fraude de ley. Al mismo tiempo, es importante apoyar el trabajo de quienes, desde iniciativas como la Red Madre, se han propuesto ayudar a las mujeres que se ven en ese trance para ofrecerles una alternativa. A los poderes públicos y a la profesión médica hay que exigirles que cumplan sus obligaciones. Y en el plano de la ética social, hay que hacer circular esta certidumbre: una sociedad que mata a sus hijos no merece sobrevivir.