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¿Somos un país de camareros? o…

¿Es España un país de funcionarios?


España está a la cola en número de empleados públicos en relación al empleo total, muy por debajo de la media de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
EDUARDO GARZÓN

16 de agosto de 2016
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EDUARDO GARZÓN


El otro día el economista Juan Ramón Rallo tuiteó la siguiente frase: “No sé por qué se califica a España de ‘país de camareros’ y no de ‘país de funcionarios’ cuando el empleo público duplica al de la hostelería.” Una comparación absolutamente falaz, ya que en la categoría de funcionario hay muchas profesiones (administrativos, letrados, técnicos, ingenieros de todo tipo, veterinarios, médicos, jueces, fiscales, enfermeros, profesores, maestros, trabajadores de oficios, policías, bomberos, militares, etc.) (*) y parece lógico que la suma de todos esos tipos de trabajadores sea superior al número de trabajadores de una única profesión como es la de camarero, por muy predominante que sea. De hecho, es precisamente lo que ocurre en todos los países del planeta y no por ello parece que tenga sentido decir que todos ellos sean “países de funcionarios”. Es una comparación totalmente sesgada y carente de sentido, tan absurda como comparar el número de camareros con el número de asalariados o de trabajadores rubios. Pero parece que todo vale con tal de reforzar el falso tópico de que en España hay muchos empleados públicos.

Y es falso porque los datos demuestran otra cosa: España está a la cola en número de empleados públicos en relación al empleo total, muy por debajo de la media de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). ¡Y todo ello a pesar de que el empleo total en España es muy inferior al del resto de países! Todo ello consecuencia de tener un Estado del Bienestar infradesarrollado y de haber privatizado la inmensa mayoría de las empresas públicas.

Además, resulta que entre los cuatro primeros países del ranking se encuentran tres que suelen ser tomados como ejemplo a seguir por su elevado nivel de bienestar económico y social: Dinamarca, Noruega y Suecia. A tenor de esta constatación no podríamos decir, por lo tanto, que tener un elevado peso de empleados públicos sea algo malo per se, como desgraciadamente muchos voceros repiten una y otra vez en todas las tribunas que encuentran. Por otro lado, llama la atención que los últimos países del ranking, que además se encuentran a bastante distancia del resto, no sean países europeos, lo cual refuerza la idea de que el Estado del Bienestar es característico de Europa.

Una vez se le fue facilitado este dato al emisor del citado tuit, su reacción fue irse por peteneras cambiando de argumento: “ahora compáralo en gasto en nóminas públicas. Por encima de la media”. Ahora Juan Ramón Rallo cambiaba su crítica desde el número de empleados públicos hacia su remuneración. Porque si caracterizamos a un país como “país de funcionarios” lo estamos haciendo porque presuponemos que está lleno de ellos, no porque éstos cobren mucho o poco. Si yo digo que España es un país de olivos lo digo porque hay una proporción muy elevada de olivos sobre el total, no porque los olivos sean muy altos o muy verdes, o lo que sea.

En cualquier caso, si aceptamos pulpo como animal de compañía y caracterizamos a un país por aquellas profesiones (recordando, no obstante, que el funcionariado es una categoría que engloba muchas profesiones) que cobran más, entonces España no sería un país de funcionarios, sino un país de banqueros y de directivos de empresas energéticas, que es donde se concentran los salarios más altos y con mucha diferencia (sueldo medio de 3.228 euros en actividades financieras y de seguros, 3.219 euros en suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire, y 2.650 euros en petroleras y otras industrias extractivas, según el Instituto Nacional de Estadísticas). Pero nada, el interés de Juan Ramón Rallo por criticar lo público es de tal envergadura que lo hace incapaz de ver elefantes en su habitación.

No obstante, sigamos su recomendación y comparemos países por su gasto en nóminas públicas. Una forma de hacerlo, aunque sea bastante imprecisa, es la de observar el gasto en remuneración de empleados públicos y compararlo con el PIB de cada país para relativizar el gasto.

En efecto, el Estado español gasta en sueldos públicos más que la media europea. Pero la diferencia con el promedio es reducida y además por delante tiene a 13 países que gastan más (en algunos casos, muchísimo más). Resulta un tanto extraño caracterizar a España como país de funcionarios cuando gasta en empleados públicos sólo un poco más de la media y cuando hay otros 13 países que gastan mucho más. Si España es un país de funcionarios por este motivo, entonces no sé qué podríamos decir de Dinamarca (por cierto, tomado como modelo a seguir por economistas liberales como el propio Rallo).

Ahora bien, muchos podrían pensar que algo falla cuando España tiene menos empleados públicos que la media, pero al mismo tiempo gasta más en ellos en promedio. Podríamos deducir de estos dos datos que España gasta mucho por cada empleado público, o por decirlo de otra forma, que los sueldos de los empleados públicos son muy elevados en España. Puede ser, y vamos a ver si es así, pero antes es necesario hacer una puntualización importante: cuidado con los análisis de trazo grueso en los que no descendemos al detalle, puesto que las medias aritméticas las carga el diablo y pueden estar ocultando o tergiversando determinadas realidades.

Por ejemplo, si España tiene pocos empleados públicos pero los concentra en los sectores estratégicos donde los sueldos son más elevados (magistrados, economistas del Estado, médicos, profesores, etc), la media nos estaría diciendo que los empleados públicos españoles cobran mucho más que los de otros países incluso aunque ese tipo de profesiones estuviesen peor pagadas que en otras economías. Pero eso sería la lógica consecuencia de tener un Estado del Bienestar poco desarrollado especialmente en sectores con sueldos menos elevados como cuidadores, trabajadores de la limpieza, conductores de transporte público, etc, que empujarían la media a la baja en esos otros países.

En cualquier caso, comparemos los países ahora atendiendo conjuntamente a las dos variables mencionadas: peso de empleados públicos y gasto en su remuneración. Esta ratio nos podría dar una idea aproximada de cuánto dinero se dedica de media a pagar a los empleados públicos.

El Estado español aunque tiene un peso de empleados públicos muy reducido, gasta en empleados públicos por encima de la media. Pero también gastan más que la media, países con una proporción de empleados públicos muy elevada como Dinamarca, Noruega y Suecia. Y al contrario: entre los países que pagan menos de la media a sus empleados públicos se encuentran algunos que tienen muchos empleados públicos (República Checa) y otros con pocos (Alemania y Suiza). Es decir, si esta constatación nos sirviese para afirmar que España es un país de funcionarios, entonces también deberían recibir esta etiqueta Dinamarca, Noruega, Suecia, Bélgica, Francia, Austria, Italia, Portugal y Grecia. En cambio, no serían “países de funcionarios” República Checa, Eslovaquia, Estonia, Hungría, Eslovenia, Polonia, Luxemburgo, Irlanda, Suiza y Alemania.

La pregunta que tendríamos que hacernos en todo caso es la siguiente: ¿es positivo o negativo que un país sea “de funcionarios” (es decir, que gaste más por empleado público según la definición que le hemos dado)? Y yo no voy a contestar aquí la pregunta, pero sí me limitaré a señalar como curiosidad que la mayoría de las economías más desarrolladas de la muestra pagan mejor a sus empleados públicos y que la mayoría de las menos desarrolladas les pagan peor. ¿Casualidad?

(*) En España se emplea el término “funcionario” para designar a todos los empleados públicos, (esto es, el personal al servicio de las Administraciones Públicas, que incluye categorías muy distintas, entre ellas los funcionarios, pero también los directivos, los eventuales, los interinos, los contratados laborales, los sanitarios, etc.) cuando el funcionario público (o como se dice popularmente “de carrera” o “por oposición”) es realmente una minoría respecto al total de empleados públicos.


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COMENTARIOS
viernes, 11 de noviembre de 2016

Gran artículo

Me alegro que este diario no se sume a la demagogia de otros como El Confidencial en lo que se refiere a los funcionarios.

Una cosa son los asesores y personal de confianza de los políticos, y otra los profesionales que prestan los servicios públicos. Como el autor señala y otros como Vicen Navarro ya han indicado, España tiene si acaso un subdesarrollo del Estado del Bienestar, que sirve para explicar los superiores índices de paro que arrastramos.

http://www.anagrama-ed.es/libro/argumentos/el-subdesarrollo-social-de-espana-causas-y-consecuencias/9788433962355/A_340

Implementar medidas como las recientes de Renzi en Italia, eliminando la inamovilidad en el puesto de los funcionarios, lo que hace es crear una Administración politizada y corrupta, pura marioneta en manos de los políticos y que sería el desastre definitivo para un país ya inmerso en una crisis de credibilidad de las instituciones como España.

# Publicado por: Oscar (España)
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